Viernes, Octubre 19, 2018

El pasado 30 de mayo, se publicó una Edición Especial sobre Ley de Fármacos con la siguiente columna del Presidente del Colegio.

LEY DE FÁRMACOS II
“Existen muchas alternativas de políticas públicas, que sí han demostrado su efectividad en disminuir el costo de los medicamentos y el gasto de bolsillo”.

El Dr.QF. Mauricio Huberman Rodríguez, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, explica los puntos positivos y las diferencias de la Orden Profesional respecto de esta polémica iniciativa legislativa.

Nuestra Orden Profesional apoya iniciativas que efectivamente contribuyan a mejorar el acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, a precio razonable. En ese sentido, estamos de acuerdo con diversas iniciativas como facultar a Cenabast para negociar a nivel internacional, dando preferencia a genéricos bioequivalentes y que distribuya a farmacias privadas envases clínicos de productos para enfermos crónicos. Concordamos también en permitir que los pacientes lleven a clínicas y hospitales sus medicamentos prescritos.

De igual modo, el Colegio Farmacéutico ha respaldado y contribuido a transparentar toda la red de comercialización de los medicamentos, incluyendo droguerías y distribuidoras.

Otro aspecto relevante para nosotros y considerado en la Ley, es la urgente necesidad de mejorar el control y regulación de los dispositivos médicos a estándar internacional.

No obstante lo anterior, diferimos en cuanto al fraccionamiento como “tijereteo”. En nuestra opinión, se debe velar por cumplir con las condiciones para que el fraccionamiento se realice en forma controlada, en áreas específicas, de modo de garantizar la seguridad del paciente y la trazabilidad del producto.

Respecto de la receta por Denominación Común Internacional (DCI), los químicos farmacéuticos coincidimos en que esta política beneficia a los usuarios y al Estado, porque racionaliza el gasto en medicamentos, ya que permite reducir costos para los pacientes. La OMS y OPS recomiendan la utilización de DCI e implementación de bioequivalentes, debido a la evidencia que ha mostrado para disminuir el gasto en fármacos, tanto público como privado. En Chile el mercado farmacéutico está dominado económicamente por medicamentos “genéricos de marca”, que no han demostrado ninguna efectividad clínica mayor a los bioequivalentes y no tienen ningún tipo de tecnología “innovadora”, solo son elegidos por su “marca”.

El Colegio llama particularmente la atención respecto del riesgo que implica la oferta y disposición de fármacos en góndolas y supermercados. Hay muy pocos casos en políticas públicas internacionales, que validen la liberación de fármacos OTC (Over the conter) fuera de las farmacias, bajo el argumento de disminución de precio o mejoramiento al acceso. Hoy Chile cuenta con uno de los gastos de bolsillos más grande en la OCDE y existen muchas alternativas de políticas públicas, que sí han demostrado su efectividad en disminuir el costo de los medicamentos y el gasto de bolsillo. Un estudio realizado por la WHO en políticas farmacéuticas europeas, evidenció que realizar venta de medicamentos OTC fuera de las farmacias, no aumentaba el acceso a los fármacos, ya que no disminuía su precio ni lograba mejorar la cobertura geográfica.

El gasto de bolsillo en Chile se debe a medicamentos para terapias de patologías crónicas, que requieren receta y deben ser prescritos y supervisados por profesionales legalmente autorizados para ello. Lamentamos que se insista en liberalizar medicamentos que no requieren receta, tema latamente discutido años anteriores, impulsado por la presión comercial de los laboratorios, siendo que lo lógico sería lograr una política pública de fármacos coherente con otras iniciativas de salud pública, con énfasis en enfermedades crónicas, como los antihipertensivos o antidepresivos, o de importancia en el ciclo vital como anticonceptivos. La revisión de la regulación de precios y la cobertura, deben correlacionarse con la seguridad social.

Una política OTC no es lo mismo que la venta libre, ya que conlleva una serie de medidas de seguridad para minimizar el daño potencial. Esto ya que en países como EEUU, mueren más personas por mal uso de medicamentos que por accidentes de tránsito, causan más de 70 mil hospitalizaciones y sobre 7 mil muertes al año. En Chile no se miden las consecuencias producidas por medicamentos. Los antinflamatorios y analgésicos son responsables del 25% de todas las reacciones adversas medicamentosas y, peor aún, es el riesgo en adultos mayores con polifarmacia. Los locales comerciales no farmacéuticos, no cuentan con profesionales adecuados para orientar a los pacientes ni para hacer farmacovigilancia, detectar y reportar cualquier anomalía con los tratamientos.

Esta Orden Profesional enfatiza en la urgencia de concentrar los esfuerzos en crear conciencia en la comunidad respecto del respeto a la condición de venta y de los efectos de la automedicación. Así, priorizar el objetivo fundamental de resguardar la salud de las personas por sobre intereses económicos.

Como Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile enfatizamos en que el tratamiento farmacológico y la educación para la adherencia resultan fundamentales en la gestión de la salud, y se hacen parte del derecho a la salud que todo chileno tiene. Aun cuando un medicamento es comercializado en el mercado y consumido por usuarios, prima su carácter de bien social, esencial para la salud pública; y no debe ser conceptuado como mero bien de consumo. La trascendencia que tiene en la vida humana el uso de medicamentos, hace indispensable el control del Estado en todas las fases de generación del producto farmacéutico, incluida la dispensación. La Autoridad Sanitaria debe proteger los derechos de las personas y velar por la salud de la población, como lo establece el mandato constitucional.

Más que una modificación al Código Sanitario para sustentar un negocio que beneficia a unos pocos, necesitamos una Política Farmacéutica para disminuir y controlar el gasto en medicamentos, sin perder el enfoque en la seguridad del paciente y el impacto positivo en la salud pública. Con esto como base, finalmente podremos pasar la discusión de “el precio justo de un medicamento”, a una “cobertura justa del medicamento” en nuestros seguros de salud y en la seguridad social.

Fuente: impresa.elmercurio.com